Alfonso Jaime Martínez Lazcano
- Politización del proceso de selección
El actual sistema de selección de ministros, donde el Ejecutivo propone una terna y el Senado elige, sino lo hace en 30 días el presidente decide, está altamente politizado. El cabildeo y las negociaciones políticas durante el proceso influye en la elección de ministros, comprometiendo su independencia. El largo periodo de 15 años para los ministros genera una desvinculación con los ciclos políticos, lo que puede llevar a una mayor autonomía, pero también a una mayor resistencia a las reformas y una menor capacidad de responder a las necesidades cambiantes de la sociedad
- Factores que socavan la independencia
La falta de mecanismos sólidos de evaluación y sanción para los ministros fomenta la impunidad y permite que los jueces actúen sin rendir cuentas. La influencia de grupos de interés económicos y políticos en las decisiones judiciales compromete la imparcialidad y la justicia. La cultura de la impunidad dificulta la investigación y el castigo de actos de corrupción y abuso de poder por parte de los jueces.
- Consecuencias de la falta de independencia
El Poder Judicial se convierte en un «operador político», influenciado por intereses partidistas o de grupos de interés, en lugar de aplicar la ley y los principios jurídicos. Esto tiene consecuencias graves para la democracia y el Estado de derecho, como la pérdida de neutralidad, la aplicación selectiva de la ley, la corrupción, el clientelismo y la pérdida de confianza ciudadana en el sistema judicial.
- Propuestas para la reforma
Se deben explorar alternativas para garantizar la legitimidad e independencia del Poder Judicial, como: La creación de comisiones de selección con expertos. La implementación de evaluaciones periódicas para los ministros. La rotación justificada de jueces, entre diferentes tribunales. La reforma debe considerar el contexto mexicano y las experiencias internacionales para encontrar un equilibrio entre la legitimidad democrática y la independencia judicial, crucial para el Estado de derecho.
- La historia
La historia nos muestra que la corte mexicana está politizada, al servicio del grupo en el poder, tanto ejecutivo como legislativo, se vuelve complaciente ante cualquier cambio. Esto se evidenció durante el sexenio de Ernesto Zedillo, donde la corte no opuso resistencia a la reestructuración del Poder Judicial, lo que llevó a la remoción de todos los ministros. De igual forma, en la matanza de Tlatelolco de 1968, a pesar de la magnitud del crimen de Estado y la violación grave de garantías individuales, la corte, con facultades para investigar de oficio, optó por la impunidad, dejando un precedente de falta de independencia y compromiso con la justicia.
La paradoja de la ‘política de la toga’ es evidente actualmente, cuando los ministros no comparten la ideología del poder ejecutivo y legislativo, invocan la independencia judicial como un escudo para oponerse a cualquier cambio, incluso cuando este busca mejorar la rendición de cuentas ante la sociedad. Esta postura sugiere una interpretación errónea de la independencia judicial, al presentarla como una inmunidad permanente que los exime de cualquier responsabilidad ante la soberanía popular.