Revista Primera Instancia Revista Primera Instancia
Alfonso Jaime Martínez Lazcano
La reciente ola de críticas de la «comunidad internacional» hacia las reformas judiciales propuestas en México ha puesto en evidencia la doble moral y la falta de legitimidad de muchos de sus actores. Mientras se erigen como defensores de la democracia y los derechos humanos, sus acciones a menudo revelan un sesgo político y una defensa de intereses particulares.
Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU, ha sido una de las voces más prominentes en denunciar estas reformas, argumentando que podrían socavar la independencia judicial en México. Sin embargo, es cuestionable la imparcialidad de estas críticas cuando observamos la pasividad de la ONU ante otras situaciones en las que se han violado flagrantemente los derechos humanos y el estado de derecho.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido señalada en múltiples ocasiones por establecer restricciones constitucionales que limitan los derechos humanos, lo que constituye una clara violación de los tratados internacionales. No obstante, la comunidad internacional ha mantenido un silencio cómplice ante estas acciones.
Esta aparente preocupación selectiva por la situación en México plantea interrogantes sobre los verdaderos motivos detrás de estas críticas. ¿Se trata de una defensa genuina de los principios democráticos o más bien de una estrategia para ejercer presión política sobre el gobierno mexicano?
Es importante recordar que la independencia judicial no es un concepto absoluto, sino que debe estar enmarcada en un contexto político y social más amplio. La autonomía judicial no puede convertirse en una patente de corso para que los jueces actúen al margen de la voluntad popular y de las necesidades del país.
Las reformas judiciales propuestas en México se dice que buscan fortalecer el Estado de derecho y garantizar un acceso más equitativo a la justicia. Si bien es comprensible que estas reformas generen debates y preocupaciones, es fundamental analizarlas a profundidad y evitar caer en la tentación de aceptar acríticamente las críticas provenientes de actores internacionales que han demostrado una y otra vez su falta de imparcialidad.
La crisis de legitimidad de la «comunidad internacional» y la falta de transparencia de organismos como la ONU ponen en duda la objetividad de sus críticas hacia México. Es necesario un análisis más profundo y crítico de las propuestas de reforma judicial, considerando tanto los posibles riesgos como los beneficios que estas podrían traer para la sociedad mexicana.
Las opiniones de esta voz no sólo atentan contra la autodeterminación de los pueblos, sino contra el resultado democrático del país, si bien es cierto, no se puede decir responsablemente, cuál será el resultado de algo que no se ha llevado a cabo, también lo es, que cada día el poder judicial de la federación pierde credibilidad social.
Afirmar que la ONU y el poder judicial mexicano cumplen con la función de forma adecuada de la razón de ser, es una falacia. Tal para cual.
